Esta Ley introduce decisivas novedades, entre las que destacan la extensión a todo el territorio nacional de la conocida figura del -urbanizador-, y un nuevo régimen de valoraciones del suelo con un fuerte carácter antiespeculativo. Éstas y otras innovaciones buscan esencialmente dos objetivos: abaratar el precio de la vivienda y construir vivienda protegida, y facilitar la obtención de suelo para las grandes infraestructuras estatales o autonómicas